OPINIÓN | El derecho a luchar por la vida

Nota del editor: Wendy Guerra es escritora cubanofrancesa y colaboradora de CNN en Español. Sus artículos han aparecido en medios de todo el mundo, como El País, The New York Times, el Miami Herald, El Mundo y La Vanguardia. Entre sus obras literarias más destacadas se encuentran “Ropa interior” (2007), “Nunca fui primera dama” (2008), “Posar desnuda en La Habana” (2010) y “Todos se van” (2014). Su trabajo ha sido publicado en 23 idiomas. Los comentarios expresados en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

(CNN Español) -- Cuba fue el primer país de América Latina y el Caribe en despenalizar el aborto. Tan temprano como 1936 ya existían clínicas donde ciudadanas cubanas y mujeres de otras partes de América Latina, ingresaban en las clínicas, con la intención de abortar legalmente bajo determinadas causales. En la Cuba actual no existe propiamente la llamada ley de aborto o interrupción voluntaria del embarazo; sin embargo, entre 1961 y 1965, se le creó una base legal dentro de la ley 62 reflejada en el Código Penal, autorizando esta práctica hasta las doce semanas de gestación; siempre y cuando se realice bajo los márgenes del Sistema Nacional de Salud.

Salir de un policlínico directo a la escuela o el trabajo, tras realizarse un aborto, es una práctica muy frecuente entre mujeres cubanas, y al decir de la periodista independiente Yoani Sánchez en uno de sus expresivos artículos, “la práctica se ha vuelto casi tan rutinaria como extraerse una muela”.

Debido a la ya interminable crisis humanitaria, que desde hace décadas atraviesa el país, los preservativos, las pastillas anticonceptivas, dispositivos intrauterinos y otros métodos de anticoncepción escasean. Basados en testimonios actuales de amigos y conocidos, pero sobre todo en mi propia experiencia vivida hace cuatro años en Cuba, un legrado o una regulación menstrual, este último practicado sin anestesia antes de las seis semanas de gestación, funcionan como el verdadero método anticonceptivo.

Según la Encuesta Nacional de Fecundidad, realizada por la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), los abortos y las regulaciones menstruales en Cuba han aumentado 14% entre 2009 y 2022. El estudio, que incluyó a 12.093 personas (6.471 mujeres y 5.622 hombres) de 15 a 54 años, arrojó que cerca del 35 % de los embarazos no deseados en la isla terminaron en abortos. La encuesta refleja una baja tasa de fecundidad entre mujeres de entre 15 y 49 años y un aumento de los embarazos en adolescentes. Según muestra esta indagación, las cubanas tienen un promedio de 1,14 hijos, la menor tasa de la región (donde el promedio es de 1,85, según estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y similar a la de los países industrializados de bajo crecimiento en su población.

Contrariamente a lo que ocurre en varios países del mundo, donde las mujeres se organizan, marchan y levantan sus voces enérgicamente, reclamando su legítimo derecho al aborto, en Cuba, sobre ese territorio ganado, se han perdido los límites. Abortar ha tornado en un ejercicio masivo, la rápida, fácil y ligera solución a una problemática mayor, económica, habitacional, política, ideológica, social y ética.

¿Cómo resolver internamente algo tan profundo y trascendental como la decisión de traer o no traer un ser humano al mundo? Muchas de nosotras nos hemos visto obligadas a aplazar la determinación de ser madres, debido a la grave situación que atravesaron y atraviesan tres generaciones de cubanas en edad fértil.

Insistir y abusar de estos procedimientos, en apariencia inofensivos, puede detonar en efectos irreversibles: cicatrices en el revestimiento uterino, perforación del útero, infecciones agudas, problemas de fertilidad y graves consecuencias en la salud física, sexual y mental. La Ley 62 no especifica hasta cuantos abortos puede estar expuesta una mujer; sin embargo, “establece que el aborto es legal hasta la 12 semana de embarazo”. El procedimiento indica que el aborto puede ser practicado con autorización médica en los casos que esté en peligro la vida, la salud, que haya sido producto de una violación o incesto, o que el feto venga con alguna malformación.

En los artículos 267 a 271 del Código Penal se establecen las penas para quien realice abortos fuera de las regulaciones de salud establecidas y las penas correspondientes.

“Se penaliza con privación de libertad de 2 a 5 años si el aborto se comete por lucro, si se realiza fuera de las instituciones oficiales o si se realiza por persona que no es médico. En caso de que se realice a propósito el aborto o destruya de cualquier manera el embrión, por haber ejercido actos de fuerza, violencia o lesiones sobre la mujer, es sancionado con privación de libertad de 2 a 5 años o de 3 a 8, según el caso.

“En caso de que resulte muerta la mujer la penalización es con privación de libertad de cinco a doce años, y quien lo realice sin la debida prescripción facultativa incurrirá en sanción de privación de libertad de 3 meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas”.

¿Qué ocurre cuando ese derecho de toda mujer se convierte en una exigencia?

Hace pocos días Barbara Isaac, madre de la presa política Lisdany Rodríguez, denunció en redes sociales que su hija está siendo presionada a abortar por las autoridades cubanas, específicamente, indica, “por la Seguridad del Estado”. El Gobierno cubano no se ha referido al caso.

Lisdany es una de las hijas mellizas de Bárbara, tanto ella como su hermana fueron acusadas de sedición y castigadas con severas penas de cárcel por salir a protestar pacíficamente en las calles de La Habana, el 11 de julio del 2021.
Según cuenta Isaac, Lisdany, embarazada y en la cárcel, requiere de atención médica, en cambio lo que recibe son presiones de las autoridades. “Ella se siente muy mal, y no hay gravinol para los mareos, entonces la Seguridad del Estado quiere obligarla a abortar pero ella no quiere (...) Tiene miedo de que le vaya a pasar algo y yo también temo por la vida de ellos”, declaró Bárbara Isaac.

Javier Larrondo, presidente de Prisioners Defenders también ha denunciado el hecho, advirtiendo la situación deplorable en la que se encuentra la presa política cubana, con poca alimentación, escasa medicación y atención médica.

En conversación con la activista feminista y periodista Marta María Ramírez, quien acompaña a mujeres en situaciones de riesgo de violencia feminicida, le preguntamos cuáles son las soluciones legales o prácticas para sortear este tipo de obligatoriedad y atropello a mujeres encarceladas, en especial a las presas políticas.

“La única opción que nos queda es la exposición pública de este intento de esterilización forzada. Al no existir separación de poderes en Cuba y frente a la criminalización, mayor participación del activismo feminista, pese a que esto signifique hacerle el trabajo al Estado. Paralelamente, acompañar a las familias de nuestras prisioneras políticas (a ellas no nos dan acceso directo) y a las activistas políticas, para que puedan tomar decisiones informadas sobre sus derechos, también sexuales y reproductivos, de cara a la violencia política, con sesgo de género, que enfrentan a diario y de manera cada vez más brutal.

“Yo creo que debíamos estudiar y sacar a la luz los antecedentes bien documentados de estas prácticas de esterilizaciones forzadas en la isla, desde la época del fascismo y hasta nuestros días, en el mundo entero, con otras prisioneras políticas, con personas gestantes de criaturas con otras capacidades. Mi experiencia en el estudio de la historia de la barbarie machista indica que lo que hoy está sucediendo con Lisdany y su criatura no es un hecho aislado.

“Tenemos que seguir peleando por una Ley, y porque esta incluya el aplazado acceso a educación sexual integral desde edades tempranas en el sistema de enseñanza cubano, no solo desde el punto de vista biológico-reproductivo, sino con un enfoque de Derechos Humanos, de género, de diversidades sexuales. La primera libertad que perdemos mujeres y personas LGBTIAQ+ es sobre nuestros cuerpos, después se nos arrebatan otras bajo cualquier argumento machista.

“El Estado cubano es un macho violento que decide por ti. Si te le enfrentas, si siente que pierde el poder y el control, es capaz de todo. Aunque ya no estamos tan solas como antes, hay que exponerlo. El precio es alto, pero no nos queda de otra”.

Si el derecho a abortar en Cuba es una batalla ganada, antes y después de 1959, entonces la nueva contienda comienza en otro lugar. El viaje hacia un mecanismo autónomo, de empoderamiento femenino, con medios económicos, prácticos y vehículos sociales, culturales independientes y tan necesarios para el llamado proceso de planificación familiar.

Hay que ser muy precisos en el concepto de “embarazo no deseado”. En ciertos contextos, económicos o socio políticos, desear no es poder. Una cosa es no poder ir adelante con un embarazo por asuntos ajenos a la voluntad de la futura mamá, y otra, muy diferente, es no anhelarlo, no soñarlo, no quererlo y, sobre todo, las consecuencias que a posteriori nos traen el haber tomado estas decisiones.

Quienes, como yo, un día optaron por acostarse en una de esas frías camillas, de las que ya no hay vuelta atrás, tal vez hoy sueñan con cambiar su biografía. Abandonar corriendo el policlínico, esperar nueve meses para conocer a nuestro bebé y conformar una familia. Muchas de nosotras, años más tarde, repasando los hechos, sentimos un profundo vacío. Nos preguntamos cómo sería una vida rodeada de hijos, y anhelamos vivir con ellos en un país que se nos parezca, adaptado a nuestras propias necesidades, donde las cifras de natalidad sean cada vez más altas que los abortos. ¿Y cómo lograrlo si al intentar expresar nuestras preocupaciones, debatir o disentir públicamente, corremos el riesgo de convertirnos en problemáticas, sospechosas, acusadas y culpables?

Al cierre de este artículo, la cadena CNN intentó comunicarse con el Gobierno de Cuba para conocer sus opiniones acerca de la problemática que se ha generado en torno a la determinación de Lisdany, dar a luz a su bebé a pesar de encontrarse en cautiverio, y las implicaciones de esa decisión, pero lamentablemente no obtuvimos respuesta.

Sin nuevas políticas públicas, firmes y certeras, que protejan a las mujeres y a sus hijos, resulta difícil establecer carreteras jurídicas que nos guíen legalmente hacia nuevas conquistas.

Las cubanas y cubanos necesitamos dar pasos más arriesgados. Instrumentar una vía coherente y justa, una base actualizada de protección a la familia como lo que es, el embrión fundacional de cualquier sociedad civilizada.